La Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, constituye el principal instrumento normativo para cambiar el enfoque de la gestión de los residuos en Europa. Indica que todos los Estados Miembros tienen la obligación de elaborar planes de gestión de residuos, que establezcan un orden de prioridad de acuerdo a la jerarquía de residuos, y que incluya el principio rector a escala europea e internacional de “quien contamina, paga”.

Efectivamente, las Comunidades Autónomas están «obligadas» a elaborar estos planes por mandato europeo. Su finalidad debe ser la de minimizar la producción de residuos, su re-utilización y su reciclado, así como la de fomentar la sensibilización ambiental. Dentro de estos planes o programas suele haber uno específico para residuos ganaderos.

La responsabilidad de la correcta gestión de estos residuos y de su financiación, como en el resto de los sectores productivos, es de los productores de los residuos. Las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, han de jugar un papel importante para orientar los esfuerzos para asegurar la correcta gestión y, en su caso, para facilitar esta gestión a través de puntos de acopio, almacenamientos u otras medidas. Así, podrían desarrollarse iniciativas de apoyo, o de cesiones de espacio, por parte de las administraciones y cooperativas del sector, para colaborar en la recogida de estos residuos.

Para valorar adecuadamente la problemática en un entorno determinado es necesario cuantificar los residuos agrarios presentes en la zona, localizar a los posibles gestores dispuestos a tratarlos, análisis de costes y tarifas posibles. Es necesario tener en cuentas las importantes diferencias de tamaño de las explotaciones agrarias a la hora de planificar las actuaciones y la normativa en materia de residuos agrarios. Las medidas a adoptar deben concretarse en cada zona en la búsqueda de formulaciones prácticas.

Estos planes apoyan el desarrollo y las oportunidades que impliquen creación de riqueza y generación de empleo desde el medio ambiente, informando y asesorando a los agentes implicados y a la sociedad en general de forma ágil y transparente. Por lo tanto tienen un carácter global e integrador, y aquí es donde encaja el «Proyecto Circular Humus-Spain».

De igual manera estos planes animan a los propios ganaderos así como a las diferentes asociaciones (ADS, Cooperativas, etc.), a poner en marcha programas de gestión para estos residuos de forma efectiva. Aquí es donde el acuerdo privado con empresa ganadera o agraria tiene su vía de acuerdo para la puesta en marcha de la actividad que propone el Proyecto Circular Humus- Spain.

Para la aplicación de estos programas, se pone una atención preferente en aquellas zonas que requieran actuaciones específicas. Son las llamadas zonas vulnerables o saturadas. En estos Municipios saturados, se contempla que el sector público fomente y promocione de forma directa, la implantación de tratamientos de depuración de estiércoles de tipo biológico, compostaje o cualquier otro que elimine los excedentes de nitrógeno o permita su concentración en la fracción sólida, de forma que el transporte a otras áreas en las que agrícolamente sea necesario, o su transporte a plantas de compostaje sea factible.

Otra característica de estos programas es que contienen los llamados “Planes anuales de abonado” que  establecen los límites en el abonado con estiércoles. Estos tienen que estar ajustados a los consumos reales de los cultivos para que el balance final sea lo más ajustado posible. Se pretende con estos planes evitar la contaminación de las aguas por nitrógeno sobrante, tanto superficiales como subterráneas.

Por otra parte a nivel estatal, el proyecto encaja a la perfección con La LEY 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos. Artículo 1. Objeto “1., que es la ley que regula el tratamiento de residuos en España:

Esta Ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión, y fomentar, por este orden, su reducción, su re-utilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de «proteger el medio ambiente y la salud de las personas».

Un ejemplo lo podemos encontrar en la comunidad de Madrid, donde las explotaciones ganaderas productoras de estiércoles deberán justificar la gestión del estiércol para poder aplicar los valores de producción de nitrógeno por cabeza, en función del tipo de especie de ganado.

Conoce aquí el programa de buenas prácticas agrarias de las comunidad de Madrid.

Otro ejemplo es la comunidad de Aragón, donde dentro el programa Agroclima para sensibilizar sobre el cambio climático en la industria agroalimentaria aragonesa, y conforme a la «Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 2030 (EACC 2030)», se a publicado el “Código de Buenas Prácticas Agrarias para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente al cambio climático”.

Es en estos programas y en otros en desarrollo, es donde el proyecto «Circular Humus-Spain» tiene su encaje, se puede integrar en ellos para facilitar a las empresas agrarias poder cumplir con estas nuevas políticas.